Reflexiones sobre las viviendas de protección oficial.

La Constitución española establece que la vivienda es un derecho de todos los españoles y desde las diferentes ayuntamientos y Comunidades Autónomas se ha hecho un gran esfuerzo económico para dotar a sus territorios de un importante número de este tipo de viviendas pensadas para aquellas personas que no pueden costearse la suya propia. No obstante, esto no ha sido óbice para que numerosas personas sin escrúpulos, entre ellos políticos con sus omnipresentes familiares, sindicalistas y otras personas que por sus ingresos no podrían acceder a ellas, se hayan aprovechado de estas viviendas de precios regulados, y así podemos ver en no pocos casos cómo los garajes de éstos inmuebles están llenos de coches de marcas de alta gama.

A parte de estas indignantes estafas vemos cómo poco a poco se ha ido encareciendo el precio de este tipo de viviendas, con lo que podemos llegar a la situación en que la gente con pocos recursos, que pueda acceder a ellas, no puedan permitírselas.

Existen múltiples viviendas de protección oficial: la básica, de precio limitado, para arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, para jóvenes, de integración social...

Para mi la clave del problema está en que las viviendas de protección oficial, que se pagan con nuestros impuestos, deberían ser de titularidad pública siempre, o dicho de otra manera, no deberían estar concebidas para ser una vivienda definitiva, si no por el contrario, para ser viviendas temporales en régimen de alquiler, con lo que se resolverían varios problemas a la vez. Entre ellos uno que considero terriblemente injusto es que una vez más, la  clase media, que es el motor económico del país y la que soporta la mayor carga impositiva, se queda fuera de los frutos que aporta el "estado del bienestar".

Al desaparecer las viviendas de protección oficial con opción a compra, el Estado se ahorraría el tener que pagar la construcción de edificios de nuevas viviendas, con lo que podría ofrecer un paquete de ayudas a la compra de primera vivienda, como rebajas fiscales, líneas de crédito asequibles, etc... De esta forma también cambiaría la percepción de las mismas, puesto que no serían ya una concesión del estado sujeto a un sorteo aleatorio como se viene haciendo, si no que representaría un esfuerzo para el comprador, con todo lo que ello conlleva, al igual que lo representa para el comprador de vivienda libre.

De esta manera el Estado o las diferentes administraciones tendrían indefinidamente una cartera de viviendas con la que podrían brindar ayuda a quien lo necesitase y no sólo me refiero a gente sin recursos, sino también a personas desalojadas de sus casas por miedo a derrumbes o por causas naturales, en actos de terrorismo...

Al ser viviendas en régimen de alquiler, pueden diseñarse específicamente para dicho uso y no proyectarse como una vivienda tradicional. Ciertos servicios pueden ser comunes, con lo que se abaratarían los costes y podrían ser desempeñados por los propios habitantes de las viviendas, creando puestos de trabajo. Lavandería, cocina, comedor, guardería o biblioteca comunes, que también diesen servicio al barrio donde se localicen estos edificios crearían una serie de relaciones económicas que también servirían de ayuda al inquilino.

La cocina y el comedor comunes pueden servir, además de para dar servicios a las viviendas de alquiler (que deberían tener una pequeña cocina incorporada al salón), como restaurante abierto al público, escuela de hostelería y de restauración.

La lavandería podría servir así mismo como tintorería y lavandería abierta al público; contarían con una biblioteca y una guardería para poder dejar a los niños de cualquier edad mientras lo padres trabajan, así como locales de ocio o centros de día para personas mayores, que lógicamente también podrían dar servicio al barrio, además de servir como prácticas laborales para quienes trabajen allí.

Plantando huertos en los patios y cubiertas se podrían crear cooperativas de huertos urbanos, que colaborarían en la eficiencia energética del edificio, además de enseñar a los niños buenos hábitos de alimentación...

Por último, las plantas bajas bajas de estos edificios se destinarían a locales con alquileres bajos para potenciar el comercio de proximidad, facilitando el emprendimiento (que tan de moda está) de las personas que vivan en estos edificios.

Yendo incluso más allá, la administración podría dar un nuevo uso a una gran parte de los inmuebles que actualmente están vacíos, destinándolos a este tipo de iniciativas, que si se coordinase con asociaciones de vecinos, se traducirían en una mejora en los barrios donde se implantasen.